Agrupación de Lucha Socialista (Sección mexicana de la CCRI), 7 septiembre, 2018, https://agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com
Las decenas de miles de jóvenes (alrededor de 50 mil estudiantes) que inundaron Ciudad Universitaria hasta llegar a cercar la Rectoría de la UNAM en exigencia de la expulsión de los grupos porriles de la Universidad, de las autoridades que los promueven así como justicia para los alumnos que han sufrido agresiones dentro y fuera de la UNAM, constituye una de las más grandes movilizaciones ocurridas recientemente en la Universidad, continuación de las manifestaciones multitudinarias como las del movimiento #Yo soy 132 de 2012, por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y en solidaridad con la CNTE en 2013 y 2016, generándose no solamente paros en más de 35 centros universitarios (incluídas unidades del interior de la República) sino logrando arrastrar a estudiantes de los diversos centros educativos de la zona metropolitana del país como el IPN, la UAM, la ENAH, la UPN, la UACM, la Autónoma de Chapingo y el Colmex.
Sin duda, ello es expresión no solo de la acumulación de problemáticas y agravios al interior de la universidad, tales como las precarias condiciones de estudio, la creciente inseguridad en los campus, el acoso y violencia hacia las mujeres, la prepotencia de las autoridades y el autoritarismo de su forma de gobierno, las magras expectativas de inserción laboral para los egresados (lo cual comparte con la mayoría de instituciones educativas) sino, también, una situación general de violencia y carencia de oportunidades educativas para una gran mayoría de jóvenes que quedan excluídos cada año de la educación así como la falta de opciones laborales, deportivas, recreativas, de expresión política y cultural que satisfagan las necesidades e intereses de la juventud.
Por su parte, la reacción de las autoridades universitarias y gubernamentales, con sus “enérgicos comunicados” y promesas de justicia son completamente insuficientes pues la expulsión de 18 porros y la suspensión del coordinador operativo de vigilancia UNAM, son meras concesiones formales que en nada previene que vuelvan a producirse hechos de violencia como los ocurridos en la UNAM u otras instituciones educativas, ni garantizan la erradicación de la inseguridad al interior y alrededor de los planteles. Ello es así, pues las mismas autoridades son quienes financian, promueven y encubren a estos grupos porriles, a los cuales utilizan para infundir un ambiente de miedo y control hacia las comunidades, junto con la colocación de cámaras de seguridad, enrejados, cuerpos de vigilancia, entre otras medidas, que buscan inhibir y reprimir la organización y participación independiente del estudiantado y demás sectores universitarios.
Por ello, no se puede pedir más y mejor seguridad a las autoridades cuando ellas mismas utilizan este tipo de mecanismos, protegiendo en un manto de impunidad a los grupos porriles y criminalizando a las comunidades; al contrario, la seguridad la debemos tomar en nuestras propias manos, de manera organizada y colectiva, con comités y brigadas emanados de las asambleas en las que participen estudiantes, académicos y trabajadores, y desde las cuales se diseñen estrategias que correspondan a las características de cada plantel, (desde rondas de compañeros voluntarios, campanas de alerta en lugares estratégicos, brigadas de autodefensa electas y facultadas por sus asambleas, etc.). Lo importante es responsabilizarnos de nuestra salvaguarda sin confiar en encargarla a quienes se encuentran coludidos con los grupos de choque y delincuenciales dentro y fuera de los centros educativos.
Asimismo, en lo inmediato, se requiere exigir el resarcimiento del daño a los alumnos agredidos (encargándose la Universidad de los gastos médicos, jurídicos y derivados que han hecho las familias) así como el encarcelamiento de los 18 porros identificados y de las decenas de agresores que faltan así como de los autores intelectuales del ataque (entre ellos, autoridades universitarias y funcionarios del gobierno de la CDMX). Pero, asimismo, debemos elaborar un Pliego de demandas inmediatas tales como: la disolución de los grupos porriles y de Auxilio UNAM; la destitución definitiva de Jesús Teófilo Licona Ferro, encargado de Auxilio UNAM, de Benjamín Barajas Sánchez, director general de los CCH’s y de todas las autoridades que patrocinan a los grupos porriles; que no haya ninguna represalia a los estudiantes movilizados, y que se solucionen de manera efectiva e inmediata los pliegos petitorios de los alumnos del CCH-Azcapotzalco y de las demás escuelas en paro.
Por otro lado, debemos impulsar una ruta de acción para generar: 1) la conformación de Asambleas permanentes, brigadas informativas, comités de lucha y de autodefensa en cada plantel; 2) emplazar a un diálogo público a las autoridades universitarias para que den solución a los pliegos petitorios de cada escuela y al pliego petitorio general que emane de una Asamblea General Universitaria; 3) constituir una Asamblea General Interuniversitaria que llame a elegir representantes de todas las instituciones educativas en las cuales, a su vez, se conformen organismos representativos en cada escuela; 4) en todas las Universidades, de la zona metropolitana y a nivel nacional, debemos pasar de la solidaridad con los estudiantes universitarios hacia el impulso de luchas propias por las demandas de nuestras comunidades estudiantiles, académicas y de trabajadores; 5) acudir a las asambleas de los sindicatos universitarios a exigir que se pronuncien en solidaridad con los estudiantes y articulen sus demandas en una lucha común; 6) generar agitación (foros, periódicos murales, mítines, etc.) en todas las escuelas y universidades por levantar una gran jornada de lucha hacia el 2 de octubre en el marco del cincuentenario del movimiento de 1968; 7) convocar un Encuentro Nacional en el que participen estudiantes, académicos, sindicalistas universitarios y especialistas con miras a impulsar un plan de lucha y un programa unitarios en defensa de la educación pública, por la democratización de la universidades y de los sindicatos del ramo educativo y por la construcción de un modelo educativo adecuado a las necesidades sociales, económicas y culturales del pueblo mexicano.
Finalmente, como parte de la discusión para un programa de lucha al largo plazo, proponemos los siguiente ejes:
I.- Elevación progresiva anual del financiamiento gubernamental a la Educación pública no menor al 8% del PIB, 2% a la educación superior y 1% en ciencia y tecnología. Con mecanismos democráticos que permitan la participación y toma de decisiones por parte de las comunidades acerca de los montos y destinos de los recursos.
II.- Cancelación de todos los cobros ilegales por trámites administrativos, exámenes, laboratorios, credenciales, cursos, actividades extracurriculares, etc. y generar programas de becas que atiendan a todo alumno que lo requiera sin estar condicionadas por promedio, situación escolar o activismo político.
III.- Cancelación de los exámenes de admisión a bachillerato y licenciatura, pase automático con calificación aprobatoria del nivel anterior; que se reconozca constitucionalmente la obligatoriedad de la enseñanza hasta el nivel superior; utilización óptima, ampliación de la infraestructura y construcción de más Instituciones para aumentar la matrícula estudiantil y planta docente hasta universalizar el acceso a la Educación Media Superior y Superior.
IV.- Basificación de la planta docente a todos los niveles educativos (particularmente de los profesores de asignatura o por nombramiento temporal); elevación del 50% en los salarios de académicos, trabajadores manuales y administrativos; pugnar por democracia e independencia en los sindicatos universitarios; jubilaciones y pensiones dignas, gestionadas de manera colectiva por los trabajadores universitarios; apertura de nuevas plazas sometidas a exámenes de oposición abiertos y transparentes; programas de actualización y superación docentes desvinculados de estímulos al salario por productividad.
V.- Elección universal de autoridades hasta el más alto rango y órganos colegiados paritarios con la representación de estudiantes, académicos y trabajadores (Recuperar las experiencias de co-gobiernos y autogobiernos en la UNAM y otras instituciones)
VI.- Planes de estudio, programas curriculares, modelos pedagógicos y métodos de enseñanza-aprendizaje diseñados, revisados e implementados, bajo una visión científica, crítica, social y humanista, por comisiones paritarias (recuperar el modelo original de los CCH’s, defender a las escuelas normales y modelos progresivos como el del IEMS y la UACM)
VII.- Transporte, fotocopiadoras, comedores, dormitorios y servicios subsidiados gestionados por las comunidades. Implementos escolares gratuitos utilizados para las diferentes áreas de estudio. Ampliación de los acervos bibliotecarios así como de las bases electrónicas. Guarderías para los hijos de estudiantes, académicas y trabajadoras.
VIII.- Desvinculación en todos los subsistemas de bachillerato y universidades del CENEVAL y otros organismos de la Iniciativa privada en la elaboración de exámenes de ingreso y egreso así como en el establecimiento de perfiles profesionales. Programas de extensión y servicio social hacia comunidades marginadas del campo y la ciudad, y vinculación laboral directa con las empresas, centros educativos e instituciones del Estado para los pasantes y egresados.
IX.- Impulsar y fortalecer mecanismos permanentes, democráticos y representativos de organización estudiantil, así como brigadas de autodefensa contra el porrismo, el acoso y la violencia. Avanzar en la constitución de una organización de carácter nacional que integre al estudiantado de todos los niveles y subsistemas de la educación pública.
X.- Buscar la mayor unidad y vinculación con las luchas de los trabajadores y diversos sectores populares de las ciudades y el campo, pugnando no solamente por demandas particulares del sector estudiantil o del ámbito educativo sino por recoger las reivindicaciones históricas del pueblo mexicano y abonar a la construcción de un Frente Nacional de Lucha para lograr una transformación radical de nuestro país.
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