México: Claroscuros de la huelga universitaria de fin de siglo: un balance necesario a 20 años de iniciado el movimiento estudiantil de 1999 en la UNAM
Alexis Jovan, Agrupación de Lucha Socialista (Sección mexicana de la CCRI), 20 abril, 2019, https://agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com
ÍNDICE
En el presente trabajo expondremos algunas claves para caracterizar el conflicto de 1999 – 2000 ocurrido en la UNAM. Analizaremos algunas dimensiones del movimiento estudiantil en cuanto a su pliego de demandas y banderas de lucha, sus mecanismos de organización y deliberación así como sus tácticas de lucha y movilización colectiva. Finalmente, buscaremos trazar un balance del proceso a partir de los alcances y límites del conflicto así como de los aciertos y errores del movimiento, intentando situar la huelga de fin de siglo en la UNAM en la tradición de lucha del movimiento estudiantil universitario. En el marco de su 20 aniversario, se torna imprescindible elaborar un balance crítico y autocrítico sobre el legado de lucha de una generación de jóvenes que defendió el derecho a la educación pública y, con ello, se puso a la cabeza de la resistencia contra la implementación del Neoliberalismo en nuestro país.
1. Del fin de las utopías al nuevo mundo posible
El contexto en el que emerge el movimiento de huelga protagonizado por los estudiantes universitarios en el traspaso de siglo, está marcado por distintos procesos a escala global y nacional. La situación está definida por el establecimiento mundial del Neoliberalismo y sus repercusiones en México.
Con el declive del ciclo de movimientos revolucionarios, anticoloniales y antiimperialistas que se extendieron durante el período posterior a la segunda guerra mundial, desde finales de los años 70’s la burguesía internacionales y sus centros de poder político-económico buscaron establecer mecanismos con los cuales garantizar una nueva etapa de acumulación del sistema capitalista, cimentada en el desmantelamiento de las conquistas históricas logradas mediante las luchas entabladas por la clase obrera y diversos sectores sociales a lo largo del siglo XX. Así, se desató una contraofensiva que se impuso en gran parte del planeta a partir de la crisis económica mundial que se desenvolvió entre finales de la década de 1970 y mediados de los años 80’s, que dio como resultado una reestructuración del modelo de acumulación capitalista.
Las primeras expresiones fueron las políticas neo-liberales de los gobiernos conservadores de Margaret Tatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos, lo cual se trasladó también hacia los países subdesarrollados con el llamado “Consenso de Washington” que se convirtió en el programa de la burguesía para erigir un nuevo status quo mundial. En Latinoamérica se probó por primera vez -en el marco de una oleada contrainsurgente y dictatorial que cubrió todo el subcontinente mediante el Plan Cóndor- a partir del golpe de Estado contra el gobierno popular de Salvador Allende y la dictadura militar de Augusto Pinochet, quien aplicó las “políticas de shock” ideadas por los think tanks norteamericanos de la Escuela de Chicago. Posteriormente, los organismos financieros internacionales (FMI, BM, BID), constituidos en la posguerra, aprovecharon las complicaciones económicas de los países subdesarrollados, condicionando préstamos millonarios a cambio de la aplicación de una serie de políticas de ajuste y reformas estructurales delineadas en las cartas de intención firmadas por los respectivos Estados.
Con ese telón de fondo, se despliega la Globalización Neoliberal, entendida como la ampliación e intensificación del proceso de internacionalización del capital, cuyos ejes fueron: la apertura comercial y la desregulación financiera; la movilidad de la fuerza de trabajo y la flexibilización de las relaciones laborales; el desmantelamiento de las instituciones de seguridad social y la privatización de bienes-servicios públicos; la adecuación y alineamiento de los sistemas de seguridad nacional y regional respecto a los intereses geoestratégicos de EUA y otras potencias económico-militares; y la reconfiguración de los pactos corporativos en pro de la liberalización progresiva de los sistemas políticos, mediante “transiciones democráticas” pactadas.
Hasta inicios de la década de 1990, la Globalización Neoliberal parecía un fenómeno irrefrenable; sobre todo, a raíz de los procesos de restauración capitalista que llevaron a la caída de la URSS y el derrumbe del “bloque socialista” con lo cual, se pensó, se venía abajo el último obstáculo socioeconómico y político-ideológico a la expansión mundial del capitalismo como sistema hegemónico. Varios intelectuales e ideólogos del establishment anunciaron el fin de las ideologías e, incluso, el final de la Historia, consagrando en dogma el grito de batalla de la burguesía: “There Is No Alternative”, con lo cual se pretendía hacer creer que no existía ninguna alternativa civilizatoria más allá de la modernización capitalista de corte neoliberal.
Sin embargo, esta paradójica concepción optimista y, a la vez, fatalista proyectada desde los centros ideológicos del poder comenzó a resquebrajarse a mediados de la década de los 90’s conforme surgieron las primeras crisis financieras, bélicas, sociales y políticas de la era global, cuyos efectos tuvieron alcances y repercusiones tremendamente aceleradas y profundas debido a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación surgidas en esta nueva época. En ese marco, emergieron los primeros signos de crítica y cuestionamiento que pusieron en tela de juicio la soberbia rampante del neo-conservadurismo burgués, así como las primeras manifestaciones de rechazo e insurgencia en contra de las políticas de ajuste del sistema.
Fuimos testigos, en todo el mundo, de grandes huelgas obreras y protestas populares en oposición a la privatización de empresas y servicios así como de enormes levantamientos campesinos e indígenas contra los proyectos de despojo de sus tierras y recursos naturales. En América Latina, emergieron procesos como las protestas articuladas continentalmente en el marco de los 500 años de resistencia contra la colonización; la rebelión indígena dirigida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el sureste mexicano; los movimientos sociales conformados por los sectores marginados (sin tierra, sin techo, sin empleo, sin educación) por los mecanismos de exclusión del sistema; las revueltas altermundistas en repudio a las cumbres internacionales organizadas entre los países más ricos del mundo, entre otros.
Todos ellos, fueron las primeras expresiones de una nueva oleada de movilizaciones nacionales e internacionales que pusieron al descubierto los mecanismos de exclusión, violencia y despojo en que descansa la Globalización neoliberal y plantearon la perspectiva de otros mundos posibles.
2. De la promesa de primer mundo al desencanto de la modernización
En México, la transición hacia el Neoliberalismo se lleva a cabo entre finales de los 70’s y principios de los 80’s, cuando entra en declive el modelo de industrialización por sustitución de importaciones lo cual se exacerba con la crisis de la deuda externa que llevó a la moratoria por parte del Gobierno mexicano, desenvolviéndose una recesión económica que se padeció durante toda la década. A partir del nulo crecimiento registrado en la economía, se perdieron miles de empleos y se instalaron topes salariales con lo cual el ingreso de las familias se vio severamente afectado, lo cual se combinó con medidas fiscales restrictivas y políticas de austeridad orientadas a reducir drásticamente el gasto social del Estado, afectando a las instituciones sociales y de servicios públicos en materia de vivienda, salud y educación, entre otros rubros.
Como producto de la crisis económica que atravesaba el país, las principales fuerzas políticas del régimen plantearon una “Reforma del Estado” para adecuar la estructura jurídico-institucional a las políticas neoliberales en el marco de la globalización y del proceso de integración mundial de nuestra economía. Este cambio en la orientación del actuar gubernamental se dio, asimismo, en un contexto marcado por una profunda crisis de legitimación del sistema político-institucional, expresadas en diversos ciclos de protesta popular en defensa de conquistas sociales así como en pro de mayores libertades políticas y derechos democráticos, en un contexto de profundo reclamo ciudadano contra el régimen bonapartista mexicano, presidencialista y corporativo.
Desde mediados de los 70’s y principios de los ochentas se desataron cientos de conflictos de trabajadores que pelearon por mejores condiciones laborales y la democratización de sus sindicatos; en esos años pulularon movimientos con reivindicaciones básicas como aumento salarial, cumplimiento de las disposiciones legales en materia de prestaciones, firma de contratos colectivos; pero, también importantes luchas por autonomía e independencia sindical, así como por el reconocimiento de nuevos sindicatos que eran conformados por los mismos obreros[1].
En 1985, el movimiento urbano popular resurge a partir de la efervescencia social provocada ante el sismo del 19 de septiembre, suceso que conmocionó a la opinión pública tanto por la tragedia, como por la manera espontánea y autónoma en que diversos sectores sociales, frente a la incapacidad del gobierno para responder al desastre, se organizó para rescatar víctimas, levantar campamentos, distribuir alimentos y medicinas; pero, sobre todo, manifestarse y agruparse, en torno a la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), para exigir vivienda digna. Entre los miles de voluntarios que participaron en las labores de rescate y ayuda, se destacaron los estudiantes universitarios que desbordaron, con cientos de brigadas por facultades y escuelas, los intentos de contención efectuados por las autoridades universitarias.
Ese fue un antecedente importante para entender el surgimiento del movimiento de huelga de 1986-87 en la UNAM, liderado por el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) contra la aprobación del Plan Carpizo[2], el primer intento de las autoridades de la UNAM por subir las cuotas de inscripción y cancelar el pase automático al nivel superior, mediante modificaciones a tres reglamentos: General de Exámenes, General de Inscripciones y General de Posgrado, hecho que suscitó la inconformidad de estudiantes, maestros, trabajadores quienes, apoyados por otras instituciones educativas, sindicatos y organizaciones populares, frenaron las reformas que vulneraban a la Universidad, a pesar de que sus dirigentes negociaron el levantamiento de la huelga a espaldas de las comunidades.
Esta serie de luchas, que se suceden durante esos años, hacen mella en la estabilidad del régimen, particularmente, en las filas del Partido de la Revolución Institucional (PRI) como partido hegemónico, al interior del cual, se origina la defección de importantes personajes (Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, entre otros) agrupados en la Corriente Democrática, la cual se coaliga con otros partidos marginales (PPS, PARM, PMS) integrando el Frente Democrático Nacional (FDN) para competir en las elecciones federales de 1988.
Adoptando un discurso cifrado en el nacionalismo revolucionario, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano realiza una campaña que atraviesa todo el país, logrando el realineamiento de varias fuerzas políticas y sociales hacia su candidatura, lo cual se expresaría con casi un 30% de votaciones en las urnas, de millones de electores que veían en Cárdenas una esperanza de cambio. Las irregularidades presentadas durante los comicios y el fraude consumado con la “caída del sistema”, produjo un enorme descontento, provocando manifestaciones de protesta que se extendieron por gran parte del territorio, las cuales, sin embargo, fueron contenidas por la misma dirección cardenista y canalizadas institucionalmente hacia la formación del Partido de la Revolución Democrática (PRD, 1989), donde se aglutinó la casi totalidad de organizaciones y partidos de izquierda que se integraron al régimen como oposición institucional.
Todos estos procesos, que confluyeron en la coyuntura político-electoral de 1988, provocaron una fractura en el régimen presidencialista de hegemonía priista, marcando a partir de entonces, un cambio en las relaciones de fuerza al interior del sistema político. Con ello llegó a su punto más álgido el proceso de erosión de la legitimidad estatal derivada de la crisis económica lo cual obligó al régimen a ceder y abrirse hacia una creciente competitividad electoral que comenzó a manifestarse en los comicios locales (municipales y estatales), generando un reacomodo electoral de las fuerzas a favor de los partidos de oposición (el PAN y el PRD), en detrimento del PRI; desenvolviéndose así, un proceso de liberalización política controlado desde el régimen.
Con ello, el PRI que durante décadas había sido la fuerza política hegemónica en nuestro país, comenzó a perder presencia y legitimidad debido a que las estructuras corporativas que lo sostenían empezaron a verse debilitadas y cuestionadas por diversos sectores de la población que perdían la confianza en que las tradicionales instituciones del régimen resolvieran los problemas del país. Intentando contrarrestar ese proceso de deslegitimación, en la década de los 90’s, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-94) impulsaría modificaciones constitucionales bajo la promesa de insertar nuestro país al “primer mundo”, que en los hechos, implicó arreciar la política de privatizaciones y, casi al final de su mandato, la apertura comercial de nuestra economía con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).
Posteriormente, el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) comienza con la devaluación provocada por el “error de diciembre” que, junto con los rescates bancarios (FOBAPROA-IPAB) derivados de las crisis financieras de mediados de la década, vendría a recrudecer las condiciones de vida y la desigualdad entre la población, concentrando la riqueza en manos de una nueva oligarquía financiera, extranjerizando y abriendo al capital internacional gran parte de las empresas paraestatales de los sectores estratégicos, cooptando y controlando a la oposición a través de pactos políticos cupulares, y conteniendo el descontento social a través de promesas de modernización combinadas con programas de asistencialistas enmarcados en la ideología del “liberalismo social”, orientados a canalizar en redes clientelares a los sectores más pobres.
Ante el contexto antes dibujado, el sistema político comenzó a sufrir cambios que se vieron reflejados en la geografía electoral y en la composición de las instituciones políticas de nuestro país. En la última década del siglo, el PRI perdió por vía de elecciones diversas entidades en el norte de la República, las cuales quedaron en manos del PAN (partido de tendencia empresarial-conservadora); en 1997, perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Legisladores y el gobierno de la Ciudad de México, que le fue arrebatado por el PRD; llegando hasta el año 2000 en el que se preveían elecciones que abrían la posibilidad de una “alternancia política” en el Poder Ejecutivo, coyuntura en la que emerge el conflicto en la UNAM.
3. Las políticas de modernización educativa y sus repercusiones en la Universidad
A partir de que el gobierno mexicano comenzó a liberalizar la economía, empezaron a cernirse sobre nuestro país presiones internas y extranjeras orientadas a que otros importantes ámbitos sociales fueran sometidos a la regulación del mercado, desplazando al Estado de sus obligaciones en materia social y abriendo la oportunidad de que temas como la salud, vivienda y educación pasaran a constituirse como servicios ofertados por particulares. En el ámbito educacional, prevaleció la restricción presupuestal a las universidades autónomas, lo cual era parte medular de una política que buscaba desmantelar el sistema público de educación superior favoreciendo, en contraparte, la expansión del sector educativo de instituciones privadas.
Entonces, se impulsa una política de modernización educativa cuyos principales rasgos fueron: la reducción del gasto público en educación superior, ciencia y tecnología, apostando por la diversificación de las fuentes de financiamiento; la transferencia de los costos a las familias y/o usuarios por vía del cobro de colegiaturas y servicios; la subordinación de las actividades académicas a las demandas del mercado bajo programas de evaluación externa, vulnerando la autonomía universitaria; la deshomologación salarial según una lógica productivista del trabajo académico, fracturando el sindicalismo universitario; la reestructuración de los campos disciplinarios y de los contenidos curriculares, adecuando planes y programas de estudio a los requisitos del mercado laboral, en un sentido técnico; el establecimiento de esquemas más rigurosos de ingreso, permanencia y egreso (pase reglamentado, exámenes de selección y formas de titulación) como mecanismos para contener la creciente demanda educativa bajo el discurso de la “excelencia académica”.
Se impulsó así una reforma en el conjunto del Sistema de Educación y al interior de las Instituciones Educativas con la cual el Estado buscó liquidar las conquistas producidas por las movilizaciones estudiantiles y populares de décadas anteriores: derechos sindicales, presupuesto sostenido, colegiaturas simbólicas, pase automático, incidencia en las instancias de representación y gobierno universitario, programas de extensión social, entre otros aspectos que ahora eran considerados “resabios populistas” y una carga fiscal para el Gobierno.
En medio de la crisis, empresarios e instituciones gubernamentales presionaron por una reestructuración de las Universidades, hacia una lógica de competitividad basada en los conceptos de calidad y eficiencia, desde una visión elitista y mercantil, con el fin de optimizar gastos, racionalizar la matrícula y planta docente, desmembrar los campus universitarios de masas y promover la intervención de la iniciativa privada en la gestión de las instituciones educativas así como la adaptación de sus funciones sustantivas hacia las exigencias del sistema productivo y la estructura del mercado laboral, que impone en nuestro país la formación de mano de obra poco calificada para profundizar nuestra dependencia científico-tecnológica, en los marcos de la división internacional del trabajo que subyace a la globalización neoliberal.
En la UNAM, considerada la máxima casa de estudios del país, las presiones tecnocráticas se hicieron sentir de inmediato. Tras el breve interludio democrático abierto por el movimiento del 68 en la UNAM, que se expresó en el rectorado de Pablo González Casanova, se abre un período autoritario que se desenvolvería a lo largo del mandato de Guillermo Soberón (1973-1980) en el cual se da una expansión de nombramientos administrativos, se someten a mayor control los órganos académicos y colegiados, desplazándoseles como instancias decisorias, y se centralizan los mecanismos de gestión institucional en el Colegio de Directores de la Universidad.
En medio de la restricción financiera de los 80’s, el rector Octavio Rivero Serrano (1981-1984) se alineó a las políticas que los nuevos gobiernos de corte neoliberal comenzaron a implementar respecto a las universidades públicas, en específico la UNAM, la cual se vio afectada en su presupuesto, orientándose a rediseñar sus estrategias de financiamiento y crear nuevos mecanismos de cooperación con empresas privadas y otras organizaciones nacionales e internacionales. Así, tanto los estragos de la crisis como el creciente proceso de burocratización de la Universidad, reforzarían al autoritarismo prevaleciente en su interior.
En ese contexto, se inició la reconversión de la UNAM, con el rector Jorge Carpizo (1985-1988) que impulsó una reforma dirigida a la obtención de mayores recursos para la casa de estudios vía la implementación de cuotas, la reestructuración de dependencias y reasignación de los recursos bajo los criterios de productividad, eficiencia y excelencia académica del discurso neoliberal. Sin embargo, la huelga dirigida por el CEU, a pesar de sus limitantes y contradicciones, logró frenar esa primer tentativa; sin embargo, debido al desenlace del Congreso Universitario de 1990, los problemas fundamentales de la Universidad quedaron intocados, abriendo paso a que el proyecto modernizador del Gobierno continuara desplegándose durante los siguientes años, provocando así, diversos conflictos por los cuales atravesaría la UNAM hacia finales del siglo XX.
En los 90’s, la UNAM comenzó su transición a la globalización según los estándares de excelencia académica mundial delineados por Organismos Internacionales. Para ello, el gobierno federal aumentó el presupuesto, con la condicionante de que se sometiera a las reglas de evaluación institucional, empero no pudo eliminar el déficit presupuestal y la institución universitaria se vio obligada a pedir un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) además de que buscó apoyo del sector privado mediante la creación de Fundación UNAM, o patronatos como Amigos del Chopo y de la Filarmónica, entre otros. Con todos esos problemas financieros, el tema del alza de cuotas fue planteado por el rector en 1992, pero la inmediata reacción de inconformidad estudiantil, hizo desistir dicho intento, quedando latente el asunto.
Sin embargo, el movimiento estudiantil no pararía en toda la década de participar políticamente, tanto fuera como dentro de la Universidad. Ante el levantamiento zapatista de 1994, se reorganiza el estudiantado, abalanzándose por miles a los cinturones de paz en defensa de los indígenas chiapanecos, organizando brigadas y caravanas en solidaridad con los territorios zapatistas y participando activamente en las diversas convocatorias hechas por el EZLN. El neo-zapatismo se convirtió así, en el principal referente ideológico-político de aquellas generaciones de universitarios.
Más tarde, en 1995, estudiantes que formaban parte del CEU protestaron en contra del proceso de admisión a la UNAM, exigiendo que se revisara el examen y se abrieran más espacios para los rechazados por esa institución; se conformó entonces el Movimiento de Excluidos de la Educación Media Superior y Superior el cual, a pesar de las huelgas de hambre, toma de clases al aire libre, la toma de edificios administrativos y escolares (como el “cinturón de paz” alrededor de rectoría que duró 9 días), si bien logró establecer diálogo con las autoridades para que escucharan sus propuestas, sin embargo, no tuvo mayor éxito efectivo para la solución de fondo del problema[3].
Posteriormente, en octubre del mismo año, los estudiantes de los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH´s), dirigidos por miembros del CEU, tomaron las instalaciones de sus escuelas en contra de los intentos de reformar los planes y programas de estudio de dichos centros educativos, proceso que culminó, ante el desgaste del estudiantado, con el levantamiento de la huelga; entonces, las autoridades, aprovechando la debilidad del movimiento estudiantil, prosiguieron en sus planes de reforma, vulnerando el proyecto original de los CCH´s.
Ya a finales de los noventa, durante su rectorado, Francisco Barnés de Castro dio continuidad al proyecto modernizador-conservador de la UNAM. En mayo de 1997, el rector provechó un conflicto en la Facultad de Filosofía y Letras para desvincular a las Prepas Populares de la Universidad. Para junio del mismo año, lanzó el Plan de Desarrollo Institucional 1997-2000, como parte del cual el Consejo Universitario reformó los reglamentos General de Inscripciones y el General de Exámenes, limitando el pase automático así como el plazo de permanencia en la Universidad.
Además, en esa época el gobierno federal redujo el presupuesto a la educación, lo cual constriñó el margen de maniobra de las autoridades universitarias para tratar el tema del financiamiento. Entonces, sintiéndose seguro por las derrotas de las protestas estudiantiles anteriores, el rector Barnés decidió emprender nuevamente una iniciativa de alza de cuotas en la UNAM en consonancia con la agenda neoliberal y, asimismo, con cálculos políticos de cara a las elecciones presidenciales del año 2000. En febrero de 1999, Francisco Barnés promovió la reforma al Reglamento General de Pagos, anunciando que a partir de agosto de ese año los estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato y licenciatura debían pagar cuotas razonables, allanando el camino a la restricción del acceso a estudiantes de escasos recursos a la Universidad.
4. El movimiento estudiantil de 1999-2000 en la UNAM
Ante la iniciativa de reformas lanzadas por las autoridades universitarias, se realizaron varias asambleas en diversas escuelas y facultades; se convocaron marchas del Parque hundido a Rectoría a finales de febrero y principios de marzo; se efectuaron decenas de movilizaciones, mítines y dos paros generales antes de estallar la huelga, acciones todas que la Rectoría minimizó negándole la interlocución a los estudiantes organizados en la Asamblea Universitaria (precedente del CGH), y acelerando el proceso con la convocatoria a sesiones del Consejo Universitario para el 15 de marzo, la cual se realizó de manera ilegítima en el Instituto de Cardiología, aprobándose en menos de media hora, sin discusión y sin la participación de un importante sector de consejeros universitarios, las modificaciones al Reglamento General del Pagos.
Entre finales de marzo y principios de abril se abre un proceso de ascenso estudiantil, sindical y popular, donde se vinculan las protestas de los universitarios con otros sectores como el SME, la CNTE y sindicatos universitarios que estaban en lucha, con quienes se emprenden movilizaciones unitarias contra de las reformas neoliberales, logrando acumular fuerza suficiente para organizar una Consulta General Universitaria en la que participaron más de 100 mil personas. Inmediatamente después de la consulta realizada el 15 de abril, en varias escuelas se discutió la posibilidad del emplazamiento a huelga, la cual, finalmente, estalla el 20 de abril, suspendiéndose labores en la mayoría de planteles de la Universidad.
Entre finales de abril y principios de julio de 1999, se dio el período de mayor fuerza del movimiento, mostrándose la solidaridad estudiantil, sindical y popular. El 23 de abril se convocó a la primera manifestación multitudinaria del CGH en la que participaron estudiantes de la UNAM y otros centros escolares; un día después se realiza el primer Encuentro Nacional en Defensa de la Educación Gratuita donde participaron estudiantes de diversas entidades del país.
En mayo, los estudiantes marchan junto con electricistas del Frente Nacional de Resistencia contra la Privatización de la Industria Eléctrica y diversos referentes sindicales. También se realiza el segundo Encuentro Nacional Educativo que se plantea la solidaridad con el movimiento universitario y la conformación de una Coordinadora Nacional Estudiantil; en medio de la efervescencia, el CGH realiza una Consulta Metropolitana por la Educación que logra un enorme respaldo de la población. Las autoridades universitarias se ven obligadas a nombrar una Comisión de Encuentro pero que, al estar condicionada y carecer de facultades resolutivas, es rechazada por los estudiantes.
El 7 de junio el rector hace la propuesta de que las cuotas sean “voluntarias”, tratando con ello de deslegitimar la movilización estudiantil, aduciendo que ya no tenía razón de ser la huelga dirigida por el CGH pues se había solucionado el motivo del conflicto. A este argumento se alinearon las autoridades universitarias y gubernamentales, los medios de comunicación y sectores del perredismo que presionaban por aceptar dicha propuesta. Por su parte el movimiento responde con una magna marcha en memoria de “El halconazo” del 10 de junio y se reúne en asamblea unos días después para debatir la propuesta del rector, definiendo que la huelga continuaba pues no se había dado respuesta a los 6 puntos del pliego petitorio, y que la única solución sería a través de un Congreso Democrático Resolutivo con la participación equitativa de la comunidad universitaria.
Hacia finales de junio, se crea el Frente Universitario en Defensa de la Educación Pública y Gratuita con el cual, el CGH logra aglutinar una gran solidaridad con el movimiento; asimismo, los estudiantes aprueban asistir a una reunión convocada por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados con miras a entablar el diálogo con las autoridades universitarias, las cuales deciden no asistir; con ese antecedente, inician los primeros acercamientos entre autoridades y estudiantes que se efectuarán desde julio hasta finales de año, período durante el cual arreciarán los ataques mediáticos y represivos contra el movimiento como parte de una estrategia por reventar al movimiento desde dentro (intentando fortalecer al sector pro-autoridades), azuzando a parte de la comunidad universitaria dirigida por grupos derechistas para tratar de retomar escuelas y apostando al desgaste de la huelga mediante el alargamiento del conflicto.
Ante las negativas por parte de la Rectoría para dialogar con el CGH, los estudiantes llevan a cabo los preparativos de un pre-Congreso, mismo que se efectúa del 20 al 22 de julio y en el cual se ratifica la postura del CGH en torno a los 6 puntos del pliego. Días después un grupo de maestros eméritos lanza una propuesta de salida al conflicto intentando fortalecer al sector conciliador del estudiantado para que recuperara la dirección del movimiento; la misma, es debatida durante el mes de agosto en asambleas por escuelas, foros y plenarias para ser finalmente rechazada por no dar solución a las demandas del movimiento. Empero el Consejo Universitario aprueba la “propuesta de los eméritos” condicionando cualquier encuentro con el CGH a que la acepte.
Como producto de las maniobras dilatorias de las autoridades, entre agosto y septiembre, el movimiento se halla debilitado por lo que el CGH define una flexibilización del pliego petitorio[4] pero, al mismo tiempo, da un ultimátum al CU (bajo amenaza de tomar los Institutos de Investigación) para que constituya una comisión de diálogo con carácter público y resolutivo. Las autoridades crean únicamente una Comisión de Contacto que, por su carácter, no da ningún resultado. Debido a la obstaculización sistemática de las pláticas entre estudiantes y autoridades, el conflicto se estanca.
Será hasta octubre y noviembre que el movimiento obtendrá sus primeros frutos. En primer lugar, a 5 meses de iniciada la huelga, logra aún demostrar capacidad de convocatoria y movilización expresada en la masividad de la marcha del 2 de octubre, la exitosa realización de una consulta popular y las manifestaciones contra Televisa y TV Azteca (por su campaña contra el movimiento); además, logró que el CU avalara la suspensión del RGP, el corrimiento del semestre, la invalidación de sanciones contra los huelguistas y la organización de espacios para la discusión de las demás demandas estudiantiles. Como consecuencia de este repunte, el 12 de noviembre renuncia Barnés de Castro a la rectoría.
Sin embargo, lo que las autoridades concedían en el discurso lo trataban de impedir en los hechos, pues, simultáneamente, recrudecían la represión y las calumnias contra el movimiento, promovían negociaciones con el ala moderada e intentos de levantamiento de la huelga por fuera de la representación del CGH (como la propuesta de las 5 escuelas). En ese marco, violando la autonomía universitaria, la presidencia designa a Juan Ramón de la Fuente como nuevo rector, quien se presenta con ánimos conciliatorios aceptando reunirse con la representación estudiantil en el Palacio de Minería donde entrega una propuesta de “solución institucional” al conflicto.
Producto de estas reuniones entre estudiantes y autoridades se firman los acuerdos del 10 de diciembre[5], en un sentido favorable a las exigencias del CGH; sin embargo, el diálogo se ve empantanado debido a la táctica de desgaste aplicada por la comisión de rectoría: levantándose unilateralmente de las mesas, dejando plantados a los estudiantes bajo cualquier pretexto e intentando desconocer su interlocución. En respuesta, los estudiantes en huelga preparan talleres y foros tendientes a la realización de una Convención Universitaria como vía para discutir la solución del conflicto, misma que se realiza del 13 al 15 de enero del año 2000; además, organizan una consulta universitaria y popular los días 18 y 19 en la cual 150 mil universitarios y 600 mil ciudadanos apoyan, en su mayoría, las demandas del movimiento.
Viendo que a pesar del deterioro sufrido tras 9 meses de huelga, el movimiento no se doblega, las autoridades se aprestan al uso de la fuerza para terminar con la huelga. El 6 de enero el CU aprueba la propuesta de la rectoría y convoca a un plebiscito para el día 20 con el fin de aislar al movimiento y legitimar una salida represiva; tras los abultados resultados del plebiscito las autoridades llaman (con el apoyo de los sectores perredistas dentro del movimiento) a la realización de asambleas por escuela para romper la huelga; empero, a través del diálogo, los huelguistas logran convencer en apoyo a la huelga a los estudiantes antiparistas y, todavía el 28 de enero, el CGH es capaz de efectuar una marcha del Casco de Santo Tomás al Zócalo a la que acuden varios miles. Sin embargo, el declive del movimiento era claro y las autoridades aprovechan para acabar con la huelga mediante la fuerza.
Desde el 26 de enero, la recién formada Policía Federal Preventiva (PFP) toma el CUEC y la ENEO; el 1ro de febrero llagan camiones llenos de porros pagados para desalojar a los estudiantes en paro de la preparatoria no. 3, la cual tras ser recuperada momentáneamente por los huelguistas, es allanada por la policía que detiene a cientos de estudiantes. El 4 de febrero la Rectoría de la Universidad lanza un ultimátum a los estudiantes para que desocupen las instalaciones a riesgo de ser desalojados violentamente, y el 6 de Febrero la PFP disuelve una asamblea plenaria del CGH en el Auditorio “Che Guevara” de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria, aprehendiendo a 745 estudiantes que, con los casi 300 detenidos días antes, sumaron más de 1000 estudiantes arrestados, poniendo punto final a la huelga de casi diez meses en la UNAM.
Ante ello, el movimiento intenta reagruparse junto con los padres de familia que encabezan manifestaciones, por la libertad de sus hijos. El mismo día de la toma de CU por la PFP, hay una movilización espontánea en repudio a lo sucedido; días después, decenas de miles de manifestantes abarrotan el Zócalo capitalino exigiendo la libertad de los presos y la salida de las fuerzas represivas de la UNAM. Así, todavía durante los siguientes meses, el movimiento estudiantil intentó rearticularse bajo la exigencia de solución a las demandas del CGH, sin embargo, entre las divisiones internas y la represión, no logró reponerse y sus banderas fueron arrebatadas burocráticamente por las autoridades quienes impulsaron un Congreso Universitario a espaldas de la comunidad universitaria, en el que nada sustancial fue resuelto y con base en el cual, fue avanzando el proyecto neoliberal en la UNAM durante los siguientes años.
5. Análisis de la huelga universitaria dirigida por el Consejo General de Huelga
Varios fueron los factores que condicionaron el estallido de la Huelga del 99 en la UNAM. Los efectos de la crisis económica, la apertura comercial y las políticas de ajuste mermaron las condiciones de vida de grandes sectores poblacionales, además de provocar una fuerte restricción presupuestal hacia la educación superior que se resintió agudamente en la UNAM, en cuanto a su capacidad para atender la creciente demanda educativa. A nivel político, la crisis del régimen institucional había llevado a la existencia de un gobierno dividido que, de cara a la contienda electoral en 2000, abría la posibilidad de una alternancia pactada entre las principales fuerzas del sistema político, pero donde no se vislumbrara una alternativa real de cambio para el pueblo.
En ese complejo contexto, marcado por los saldos de la “década perdida” y los desastres financieros; por la crisis de legitimación del sistema político debido a la rampante corrupción y su respuesta represiva hacia las movilizaciones y reclamos sociales así como por la crisis ideológica de la izquierda que, desde entonces, mostraba los límites del reformismo que se integraba orgánicamente al régimen y se desprendía de su raigambre popular; entonces, emergió una generación de jóvenes que cuestionó al régimen y a las fuerzas políticas tradicionales, generando nuevas expresiones discursivas, organizativas y de participación por fuera de los partidos y canales institucionales del Estado.
Debido a ello, el movimiento se granjeó como enemigos una colación reaccionaria conformada por el Gobierno federal y capitalino, los partidos políticos, el empresariado y la Iglesia, los medios de comunicación y analistas de opinión, y hasta por intelectuales y organizaciones autoproclamadas de izquierda. Dentro de ese bloque, el Poder Ejecutivo maniobró para golpear tanto al movimiento como al gobierno capitalino; primeramente, “reconoció” la justeza de las demandas estudiantiles, posteriormente, a pesar de haber descartado públicamente el uso de la fuerza para reabrir las instalaciones universitarias; el Presidente y su partido presionaron y mostraron su respaldo a las autoridades universitarias para hacer uso de la fuerza pública.
El PRD, por su lado, si en un principio intentó liderar la huelga (debido a la presencia histórica de sus cuadros políticos en la Universidad desde la huelga del 86), pronto fue evidenciado por tratar de manipular el conflicto para posicionarse políticamente de cara a las elecciones federales que se aproximaban y comenzó a atacar al movimiento sobre todo desde que las organizaciones estudiantiles cercanas al perredismo (como la Coalición Democrática Estudiantil, Redes Universitarias y otras) comenzaron a perder terreno por sus prácticas abiertamente contrarias a los resolutivos del movimiento, lo cual llevó a su expulsión de la huelga.
Por parte de las autoridades universitarias, la primer respuesta fue minimizar el problema y negar toda clase de diálogo con los estudiantes; pero conforme la situación se fue exacerbando y los estudiantes comenzaron a ganar solidaridad de distintos sectores de la población, las autoridades llamaron a clases extramuros, promovieron la violencia y provocaciones con grupos porriles y, el mismo rector de la universidad, encabezó toda una campaña de acusaciones contra los huelguistas aduciendo que el PRD u otras fuerzas políticas extrañas financiaban la huelga.
Respecto a las demandas del CGH, tanto autoridades como otros “sectores neutrales” de la comunidad universitaria promovieron varias contrapropuestas a los 6 puntos del pliego petitorio, entre las que destacan la de los ocho “profesores eméritos”[6], la de las “5 escuelas” y la “propuesta institucional” de Rectoría; sin dar una solución plena a las reivindicaciones del CGH, ni garantías para su cumplimiento. Debido a lo anterior, la huelga se prolongó ante la cerrazón de las autoridades por resolver el conflicto por vía del diálogo; Juan Ramón de la Fuente, quien llegó a la rectoría de la Universidad con un discurso conciliador, desconocería los acuerdos suscritos con el CGH y allanaría las condiciones para dividir, aislar y acabar con el movimiento de forma represiva.
Los sectores de la comunidad universitaria sostuvieron diversas posiciones. La alta burocracia, así así como funcionarios e investigadores privilegiados en la universidad apoyaron al rector, en su proyecto de reformas y en el uso de la fuerza pública. Algunos sectores entre los académicos, consejeros universitarios, el Sindicato y una parte minoritaria de estudiantes que no participaban en la huelga, criticaron la intransigencia de las partes y pugnaron por una solución intermedia: la modificación parcial o suspensión temporal del reglamento general de pagos, o la búsqueda de opciones de financiamiento complementarias a las cuotas. En contraparte, a inicios del movimiento, amplios sectores de la comunidad universitaria simpatizaron con el CGH y sus demandas, demostrando su apoyo de manera masiva en manifestaciones como marchas, mítines y consultas en las cuales participaron cientos de miles de universitarios, aunque, posteriormente, conforme se fue alargando el conflicto, comenzaron a virar progresivamente por el levantamiento de la huelga.
La represión gubernamental y la actuación de la izquierda reformista (intelectuales, partidos, etc.) provocaron que el movimiento se radicalizara en sus posturas y acciones, pero sin que ello se expresara en una política que trascendiera el ámbito puramente universitario; mientras, del lado de las autoridades y el gobierno, supieron frenar, por vía de concesiones y negociación con las dirigencias sindicales burocráticas, la confluencia del movimiento estudiantil con otros sectores sociales, evitando que el conflicto universitario adquiriera tintes desestabilizadores que afectaran el proceso electoral en ciernes. Ahora bien, si tanto el contexto como la configuración de fuerzas al interior de la UNAM establecieron las condiciones del surgimiento y desenvolvimiento del movimiento estudiantil, empero, para poder explicar el desenlace del movimiento, debemos analizar la correlación de fuerzas durante la coyuntura política del conflicto universitario.
El Consejo General de Huelga, fue el máximo órgano de representación, discusión y organización de la base estudiantil, conformado por los comités de huelga en las escuelas. En su inicio, el CGH se organizaba de una manera horizontal y democrática, desde las asambleas de cada plantel; cada asamblea discutía las problemáticas del conjunto del movimiento, y de ahí se elegían a delegados quienes acudían con los mandatos de su escuela al pleno general del CGH en el cual, mediante un proceso de deliberación colectiva, se discutían las diversas posturas y se decidía el rumbo de todo el movimiento. Sin embargo, conforme el conflicto se fue alargando y la base estudiantil comenzó a alejarse del movimiento, el choque y los realineamientos entre las diversas corrientes políticas que actuaban al interior del CGH marcaron el rumbo del proceso.
Antes de las primeras represiones por parte del GDF, (marzo-julio, hasta la propuesta de los eméritos), al interior del CGH predominaron corrientes y organizaciones políticas (la CDE-REU y Los Históricos) que venían de la experiencia del movimiento estudiantil del 86-87 dirigido por el CEU, y que se hallaban vinculados directa o indirectamente con el PRD; dichas corrientes mantuvieron durante la huelga actitudes rupturistas y una postura oportunista que buscaba la negociación con las autoridades (pactando de manera cupular, por fuera de las decisiones de base) y el regreso a clases (sin haber logrado ninguna solución a las demandas del movimiento).
Posteriormente, conforme esta corriente fue perdiendo influencia dentro del movimiento, comenzó a conformarse y hegemonizar (entre agosto-noviembre, hasta la renuncia de Barnés) un bloque de organizaciones centristas (CEM, entre otras) que, ante el rechazo del CGH a las propuestas de salida al conflicto emanadas de las autoridades u otros sectores, pugnó por “flexibilizar” el pliego petitorio y posponer la solución de algunos de sus puntos hasta la consecución y realización del Congreso Universitario; pero, por sus tendencias conciliadoras, osciló entre los sectores oportunistas e izquierdistas y, ante la radicalización del CGH, se fue adaptando progresivamente a las posturas vanguardistas que comenzaron a prevalecer conforme se alargó el conflicto.
Finalmente, en el último período del conflicto (noviembre-febrero, y después de terminada la huelga), a raíz de que tampoco el nuevo bloque logró sostener su hegemonía al interior del movimiento, comenzaron a prevalecer las posturas ultra-izquierdistas promovidas por diversas organizaciones (en Lucha, Contra Corriente, Coalición de la Facultad de Políticas, etc.) que, bajo un discurso radical, se opuso tajantemente a la negociación de los puntos del pliego petitorio con las autoridades y al levantamiento de la huelga hasta no garantizar la solución de la totalidad de las demandas del CGH, pero sin plantear una alternativa estratégica más allá del sostenimiento indefinido de la huelga.
A lo largo del conflicto, estos realineamientos provocan una fractura y creciente polarización al interior del movimiento, lo cual lo lleva a un aislamiento y desgaste progresivo. Los moderados pierden presencia tanto en asambleas locales como en el pleno del CGH, ante los crecientes cuestionamientos de las bases estudiantiles a su actuar; con ello el CGH empieza a endurecer sus posturas y a virar paulatinamente hacia posiciones más radicales, llevándolo hacia una creciente afinidad con las posturas del ala ultra-izquierdista, que buscaba ampliar las repercusiones del conflicto en la UNAM e incidir en la coyuntura política que se abría en el país, entablando una mayor confrontación con el régimen político de conjunto, pero sin hacer una análisis de la relación de fuerzas ni contar, para ello, con la capacidad táctica ni una visión estratégica de conjunto.
Esta facción aprovechó ese momento para posicionarse al frente de la huelga y continuarla indefinidamente pues, conforme ello sucedía, esas corrientes consolidaban su hegemonía en el CGH, pero de manera inversamente proporcional, al proceso mediante el cual, el CGH dejaba de ser un órgano masivo y representativo del estudiantado en lucha, y se convertía en un espacio de enfrentamiento entre las organizaciones enquistadas en él. Así, el alargamiento y polarización del conflicto se hizo presente, lo cual minó la base social interna del movimiento, decayendo la participación estudiantil y aislándose de aliados al interior de la comunidad universitaria, pues la vanguardia que sostenía la huelga quedó crecientemente desvinculada de su base social.
Todo lo cual se exacerbó con los vicios burocráticos que comenzaron a prevalecer en el CGH, sustituyéndose la discusión democrática por los ataques verbales y físicos; la falta de cálculo táctico y de perspectiva estratégica se pretendía compensar con “acciones contundentes” –actos desesperados que dieron pie a una mayor recriminación mediática, una mayor división interna y aislamiento político, facilitando la acción provocadora y represiva de las autoridades-; el mayoriteo o alargamiento en las asambleas y plenarias ante su decreciente representatividad, y la eliminación de todo vestigio de horizontalidad y rotatividad en la toma de decisiones y elección de delegados.
Así, el CGH se carcomía en disputas internas irreconciliables incapaz de elaborar un balance autocrítico de los aciertos y errores, mucho menos de proyectar una reorientación estratégica del proceso de lucha; además de que, al descuidar su base social, renunció a toda posibilidad de recomponer el movimiento con base en una reorganización de fuerzas al interior de la Universidad pues, por sus prácticas antidemocráticas y sectarias, había quedado aislado de la base estudiantil – la cual había abandonado masivamente el movimiento-, facilitando con ello la estrategia de la rectoría para fracturar, desgastar, deslegitimar y derrotar la huelga.
Como resultado el CGH perdió la iniciativa en el conflicto (pasando a la defensiva en términos estratégicos), con lo cual le dio margen de maniobra a las autoridades para sobreponerse a la caída de Barnés, imponer a De la Fuente y retomar con ello la iniciativa, para comenzar el contraataque –ante la cual no pudo defenderse el CGH por la división y desarticulación que pesaba ya sobre el movimiento- llamando a la recuperación de las instalaciones, presentando al mismo tiempo una careta conciliadora que le regresó cierta legitimidad a la rectoría –pues discursivamente accedía a negociar el pliego petitorio- y logrando movilizar (vía el plebiscito) el consenso de un sector importante –nunca mayoritario- de la comunidad universitaria en torno a su propuesta institucional, la cual acabaría utilizando para finalizar violentamente el paro estudiantil.
Así, ya sin una base interna amplia que hiciera contrapeso a los extremismos y resolviera democráticamente las discrepancias políticas en torno a la orientación del movimiento y, por otro lado, volcado hacia el exterior, dependiendo cada vez más del apoyo y las alianzas con sectores sociales externos, el CGH se vio aislado tanto al interior de la comunidad universitaria, por sus propios errores y las tácticas de desgaste de las autoridades, como al exterior, por la política de cooptación y fragmentación implementada por el gobierno hacia las direcciones sindicales que terminaron negociando y apartándose del movimiento estudiantil.
Tras su derrota política y militar, que llevó a su disolución efectiva como organismo representativo del estudiantado universitario, diversas organizaciones políticas continuaron disputándose el membrete del Consejo General de Huelga durante varios años más, intentando infructuosamente levantar de nuevo el movimiento dentro de la Universidad, el cual, entre las divisiones y dispersión que siguió a la huelga, entró en reflujo por más de una década, permitiendo el avance furtivo pero, progresivo, de las autoridades por reformar a la UNAM en un sentido elitista y mercantil.
6. Balance y lecciones del movimiento huelguístico
Al referirnos al movimiento estudiantil de fin de siglo en la UNAM, lo primero que es necesario plantear es que, por su masividad y combatividad, logró frenar, aunque fuese momentáneamente, la embestida privatizadora en la UNAM, siendo que a casi dos décadas, las autoridades no han vuelto a plantear abiertamente el proyecto de alza a las cuotas por inscripción en la Universidad. Sin embargo, ese innegable triunfo, resultó en un saldo final lleno de claroscuros y contradicciones por resolver, pues terminada la huelga, los cobros por diversos servicios e, incluso, por inscripciones a nivel posgrado, continuaron y se elevaron. Asimismo, si bien se conservó el paso automático, permanecieron los cuerpos de represión y espionaje al interior de la Universidad así como su vinculación con el CENEVAL y otros organismos privados. Igualmente, aunque se ganaron espacios para la organización independiente del estudiantado, empero, debido a las pugnas entre organizaciones así como la dispersión y aletargamiento en que entró el movimiento estudiantil universitario, se originó un equilibrio de fuerzas favorable a las autoridades para proseguir -primero veladamente y luego abiertamente- el proyecto de reforma neoliberal en la UNAM.
La huelga del ’99 en la UNAM constituyó un hito en la historia de resistencia del pueblo mexicano así como en la tradición de lucha del estudiantado universitario, al sostenerse un proceso de movilización por casi un año, durante el cual, se expresaron formas de lucha que recuperaron la experiencia histórica del movimiento estudiantil y popular, combinando formas amplias de participación política (como marchas, mítines, plantones, foros, encuentros, etc.) con métodos de lucha como la toma de instalaciones, el bloqueo de vías de comunicación principales y la autodefensa frente a los ataques porriles. Sin embargo, también acabó reproduciendo vicios y métodos burocráticos de la izquierda tradicional a la que criticó, lo cual, si en parte obedece a la inexperiencia generacional provocada por la ruptura en la continuidad histórica entre la huelga del CEU y la del CGH, también es responsabilidad de las organizaciones que tuvieron un peso determinante en la conducción del movimiento.
En sus inicios, los estudiantes conformaron mecanismos de organización y decisión democráticos, con los que se combatió la formación de liderazgos personalistas, burocráticos y verticales, a través de formas de dirección colectiva como las asambleas en las que se discutían los asuntos del conjunto del movimiento -dando voz para todos y voto sólo a los representantes-, se llegaba a acuerdos por mayoría –a los que se sometía la minoría- y generando mecanismos de representación rotativos y revocables con lo cual se garantizaba que todos los participantes tuvieran la oportunidad de formarse políticamente, fungir diversos roles y ser voceros de su asamblea en el movimiento; lo cual hizo que el CGH conquistara el reconocimiento, la simpatía y el apoyo de gran parte de la comunidad universitaria.
Además, el hecho de que la asamblea plenaria fuera el máximo órgano de decisión y dirección del movimiento, permitió que las corrientes y agrupaciones políticas que se desenvolvían al interior del mismo pudieran, resguardando su autonomía político-organizativa, tener el derecho de plantear y difundir sus posturas en los espacios deliberativos del CGH pero, a su vez, verse acotadas en cuanto a la influencia que pudieran ejercer efectivamente respecto a la orientación del proceso, evitando que pudieran copar la dirección del mismo –por lo menos durante la etapa de auge de la movilización, no así, hacia el final, cuando el aislamiento permitió su control cupular y burocrático. No obstante, un gran déficit fue que el Pliego Petitorio –resultado más de una negociación entre las corrientes políticas que de la discusión amplia entre la comunidad universitaria- se circunscribió a demandas fundamentalmente estudiantiles e internas a la UNAM, sin que se retomaran reivindicaciones de los sectores académicos y de trabajadores de la Universidad, ni se lograra elaborar una Plataforma de defensa del conjunto de la educación pública con ejes comunes que aglutinaran a otros sectores del ámbito educativo. Por otro lado, a pesar de los diversos Encuentros que se convocaron desde el CGH, en los que participaron estudiantes de diferentes universidades del país, no se logró concretar la conformación de una organización permanente, nacional y democrática del estudiantado, capaz de hacer frente a las políticas educativas del Estado, recuperando lo mejor de la tradición del movimiento estudiantil mexicano y de otras latitudes, en lo cual tuvieron una responsabilidad directa las organizaciones perredistas que frenaron sistemáticamente que la huelga se expandiera más allá de la Universidad.
No obstante, más allá de sus errores y limitantes, ¿cuáles fueron los aciertos y cómo podemos valorar el significado histórico del movimiento estudiantil del 99 en la UNAM? Primeramente, es necesario decir que, pesar de las presiones internas y externas, el CGH sostuvo su independencia ideológica, política y organizativa respecto de las autoridades universitarias, los partidos políticos y el gobierno debido, por una parte, a sus métodos organizativos de dirección y representación, pero también al hecho de que se apoyó en los propios esfuerzos para sostener económicamente la huelga a partir del despliegue masivo y creativo de actividades cotidianas que realizaban los activistas, además de la estrecha vinculación que construyeron los estudiantes con diversos sectores de la población por medio de un diálogo continuo a través de consultas, brigadas de información, grupos multidisciplinarios en los que los estudiantes aplicaban los conocimientos adquiridos en la academia poniéndolos al servicio del pueblo.
A su vez, el pueblo correspondió a los huelguistas proporcionando despensas, donando material o depositando unas monedas en los botes que llevaban los estudiantes a las recolectas, camioneos y volanteos que se organizaban en mercados, colonias populares, el transporte público, zonas fabriles y sindicatos. Todo ello sirvió para contrarrestar las campañas de linchamiento mediático y para que el pueblo se mantuviera informado sobre lo que ocurría en el conflicto, conociera las posturas y demandas del CGH y se sumara a las movilizaciones convocadas por el movimiento. Esta política de vinculación estrecha no solo con la comunidad universitaria, sino con diversos sectores populares y de trabajadores, sirvió para que el CGH pudiera sostener un movimiento tan duradero y con implicaciones tan profundas, pues le permitió, de un lado, contar con una masiva solidaridad que se expresó en las manifestaciones callejeras, plantones, consultas, paros, guardias, sobre todo en el momento de auge del movimiento y después de la represión que sufrió.
Así, el movimiento estudiantil se convirtió en referente para las nuevas generaciones de universitarios que pugnarían por la democratización de la universidad, por defender su carácter público y autónomo, y por promover su vinculación con las problemáticas y necesidades sociales, a contracorriente de las tendencias mercantilistas y autoritarias hacia la Educación Superior que promueven su alejamiento respecto a los intereses de las capas empobrecidas de la población. En ese sentido, aunque no lo supo formular clara y conscientemente, objetivamente pasó de una lucha por reivindicaciones inmediatas (en contra de las “cuotas”) y la crítica de las estructuras autoritarias de la UNAM, a un cuestionamiento de las políticas de modernización educativa implementadas por el Estado mexicano y mandatadas por organismos internacionales.
Con ello, el movimiento del CGH no solo puso bajo tela de juicio la antidemocracia reinante en la UNAM así como la elitización, privatización y mercantilización de la educación; también, el movimiento estudiantil del 99-00 denunció los efectos perversos aparejados a la subordinación del gobierno mexicano respecto a los mandatos de las élites político-económicas mundiales con la implementación de un modelo económico que conculca los derechos más elementales del pueblo mexicano, como es el caso de la gratuidad educativa. Asimismo, evidenció el carácter autoritario del régimen de la “transición democrática” así como las contradicciones de la izquierda reformista, poniendo en entredicho a las instituciones y los partidos del sistema político en México.
En ese sentido, la huelga del 99-00 en la UNAM, formó parte de un ciclo más amplio de luchas anti-neoliberales surgidas en el traspaso de siglo que cuestionaron las políticas excluyentes del modelo económico neoliberal y pusieron en tela de juicio la antidemocracia del régimen político mexicano, impulsando las movilizaciones de otros sectores que vendrían posteriormente, a las cuales se sumaron cientos de cegeacheros que nutrieron diversas resistencias como la del FPDT contra la construcción del Aeropuerto de Texcoco, La Otra Campaña zapatista, la rebelión oaxaqueña articulada en la APPO, del SME ante la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza, contra la militarización del país, entre otros procesos que marcaron la primera década del siglo.
Sin embargo, también debemos definir los posibilidades objetivas del movimiento pues, aunque el CGH realizó un cuestionamiento de las reformas tecnocráticas y las estructuras de gobierno de la Universidad así como de las políticas neoliberales del régimen, apuntando a lograr una vinculación más estrecha del movimiento estudiantil con otros sectores sociales, en especial con los sindicatos universitarios y de trabajadores, no obstante, una cruda lección es que puso sobre la mesa los límites programático-estratégicos de la movilización meramente sectorial y reivindicativa del estudiantado, pues si bien planteó objetivamente una crítica acerca de la función económica, social, política y cultural de la Universidad, no avanzó hacia la conclusión de que no es posible subvertir por completo la lógica mercantil de las instituciones de educación, dentro de los marcos del Capitalismo, si no es subvirtiendo el sistema en su conjunto.
Una lección fundamental a extraer por las generaciones venideras es aprender a vincular la lucha por las demandas inmediatas del estudiantado, generando formas de participación política desde la base así como espacios de articulación con los académicos y trabajadores universitarios; junto con la brega por construir una organización nacional, permanente y representativa de los estudiantes de los diversos niveles y subsistemas educativos; combinado con la solidaridad activa respecto a las resistencias de otros sectores sociales externos a la Universidad (sindicatos, comunidades campesinas e indígenas, movimientos populares, etc.).
Finalmente, otra de las principales lecciones es la necesidad de construir una dirección política revolucionaria y consecuente, fogueada en el combate tanto al oportunismo como al ultra-izquierdismo, y capaz de dirigir a su triunfo las luchas reivindicativas del estudiantado y otros sectores, así como de articular y conducir estas luchas sectoriales y parciales hacia un movimiento revolucionario orientado a la transformación no sólo de la Universidad sino del conjunto de la sociedad. Pero, si bien el estudiantado puede aportar mucho al proceso revolucionario, ellos solos, desde las Universidades, no harán la revolución, sino que para ello debe construirse una articulación orgánica, programática y estratégica entre los estudiantes, como parte de las capas intelectuales, con las clases trabajadoras mismas que, sosteniendo en sus manos los resortes que ponen a funcionar el andamiaje del sistema capitalista, son capaces de derrocarlo y, sobre sus ruinas, construir una nueva sociedad.
NOTAS
[1] Tras la conformación de la CNTE (1979), en el gremio magisterial, durante el gobierno de Miguel de la Madrid y después de la crisis de 1982, resurgiría el movimiento obrero. En los años de 1983 y 1987, sobrevendrían grandes movilizaciones obreras entre las que destacarían las del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE); las cuales dejaron un saldo lleno de conquistas reivindicativas, por un lado, y de derrotas políticas, por otro, pues fueron duramente reprimidas, aisladas y traicionadas por las direcciones charras del Congreso del Trabajo.
[2] El 16 de abril del 86 el rector Jorge Carpizo entregó al Consejo Universitario el documento “Fortalezas y debilidades de la UNAM”, en el que hacía un diagnóstico crítico de la situación de la Universidad, conforme al cual proponía las siguientes reformas 1) ingreso a licenciatura vía concurso de selección; 2) una sola vuelta para exámenes ordinarios y máximo de posibilidades para extraordinarios; 3) máximo de veces para la reprobación de materias y seriación de las mismas; 4) incremento de cuotas de inscripción en el posgrado, así como por servicios; 5) revisión y actualización de planes y programas de estudio.
[3] En 1996, como consecuencia del conflicto suscitado en la UNAM, el gobierno creó la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) la cual agrupó a todas las instituciones de dicho nivel educativo de la zona con el fin de convocar de manera coordinada al concurso único de selección para ingresar al bachillerato (pidiendo ayuda del Centro Nacional de Evaluación CENEVAL, asociación civil no lucrativa fundada en 1994, en realidad órgano privado que cobra por sus servicios); el examen, que se aplicó por vez primera en ese mismo año a 260mil aspirantes, dejó fuera del nivel superior a la mayoría de los inscritos.
[4] Luego de dos meses de discusiones en asambleas generales y por escuela, el CGH presenta su pliego petitorio como condición mínima para levantar la huelga. Los seis puntos que lograron concentrar toda la gama de demandas articuladas por los estudiantes universitarios fueron:
1) abrogación del reglamento general de pagos, que afecta la gratuidad de la educación;
2) derogación de las reformas de 1997 que reducen el tiempo de permanencia en la UNAM y eliminan el pase automático a nivel licenciatura
3) no represalias contra los huelguistas y eliminación del sistema policiaco dentro de la UNAM
4) desvinculación de la Universidad respecto del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL)
5) corrimiento de los semestres perdidos por la huelga
6) realización de un Congreso Democrático Resolutivo para que la comunidad decida sobre una Reforma Universitaria Democrática.
[5] Los puntos de acuerdo fueron: 1) que la única vía de solución al conflicto sería el diálogo, 2) que se transmitirá en directo en los medios de la Universidad, 3) cuya agenda serían los 6 puntos del pliego petitorio del CGH, 4) el cual queda reconocido como único interlocutor válido para la discusión del pliego petitorio.
[6] Entre el grupo de maestros e investigadores eméritos se encontraban: Luis Esteva Maraboto, Héctor Fix Zamudio, Miguel León Portilla, Alfredo López Austin, Manuel Peimbert, Alejandro Rossi, Adolfo Sánchez Vázquez y Luis Villoro.